Unión del Personal Civil de la Nación respaldó el reclamo policial y cuestionó la “reforma laboral encubierta”

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) manifestó públicamente su “apoyo total” al reclamo que llevan adelante las y los trabajadores nucleados en el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, en defensa de sus derechos laborales y salariales, y cuestionó con dureza la postura del Gobierno provincial frente a la situación del empleo público.

A través de un comunicado titulado “Unidad y lucha frente al ajuste y la reforma encubierta”, el gremio expresó además su repudio al respaldo del gobernador a un proyecto de reforma laboral que —según señalaron— se presenta como una “modernización”, pero que en realidad implica “la confirmación del fracaso de un programa económico que ajusta sobre los trabajadores y quita derechos”.

Desde la organización sindical advirtieron que la iniciativa apunta a “modificar de raíz la relación laboral”, avanzando sobre “conquistas históricas del movimiento obrero”. En ese marco, remarcaron que el conjunto de los trabajadores públicos atraviesa un proceso de deterioro sostenido en su situación económica y social.
Críticas al cierre de la negociación salarial

UPCN cuestionó la falta de negociación colectiva “real” y denunció que desde 2018 el Gobierno provincial cerró la discusión salarial, avalando incrementos que calificaron como “paupérrimos”, con la aceptación de dos organizaciones gremiales.

“Resulta inaceptable la incoherencia de un gobierno que, aun con el rechazo de dos gremios, decide pagar lo que quiere y como quiere, sin diálogo ni consenso”, expresaron en el documento.

Para el sindicato, esta política salarial se traduce en un ajuste permanente sobre los ingresos de los trabajadores estatales, acompañado por el deterioro constante de las condiciones laborales.

Rechazo a las auditorías médicas tercerizadas

Otro de los puntos centrales del comunicado fue el rechazo a la continuidad de las auditorías médicas tercerizadas. Desde UPCN sostuvieron que este mecanismo constituye “una herramienta de ajuste” que niega derechos vinculados a la salud.

Según denunciaron, el sistema no garantiza una evaluación profesional adecuada, genera situaciones de maltrato laboral y obliga a trasladarse a trabajadores enfermos, priorizando “el negocio por sobre la salud de los rionegrinos”.

Exigencias y posicionamiento

Finalmente, la organización sindical reafirmó su posicionamiento en defensa de los derechos laborales y planteó que “no hay democracia sindical sin justicia social”.

En ese sentido, exigió la reapertura inmediata de la negociación paritaria, una recomposición salarial urgente y el respeto irrestricto a los derechos de todas y todos los trabajadores públicos.

El pronunciamiento se suma a un clima de creciente tensión en el ámbito estatal provincial, donde distintos sectores vienen expresando reclamos por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de instancias formales de diálogo salarial.