El estado en el bolsillo: alerta por el uso de datos privados de familias rionegrinas

En la edición #28 de LUVER —La Única Verdad es la Realidad—, Gonzalo Santos presentó en FM DE LA COSTA el primer resultado preliminar del IVI-D, Índice de Vulnerabilidad de la Intimidad Digital, una nueva herramienta de Laboratorio 2920 para medir el nivel de riesgo institucional que enfrentan los ciudadanos cuando el Estado utiliza datos personales para comunicaciones directas o masivas sin publicar evidencia suficiente sobre su origen, consentimiento, trazabilidad, auditoría y separación entre Estado y partido.

El disparador de la investigación es la contratación del Gobierno de Río Negro con la empresa Botview S.A.S. para el envío de mensajes masivos por WhatsApp. Según la documentación relevada por DosNueveVeinte, la
Provincia contrató a la firma por $31.897.500 para 100.000 mensajes emisivos durante junio. Pero el dato central no es sólo esa contratación puntual: la misma modalidad, con el mismo proveedor, el mismo monto y
el mismo objeto operativo, se repitió mensualmente desde enero, acumulando $191.385.000 y aproximadamente 600.000 mensajes emisivos por WhatsApp en seis meses.

“La contratación con Botview es apenas la punta del iceberg. El problema de fondo no es solamente cuánto paga el Gobierno, sino qué sistema de datos permite que el Estado toque el teléfono privado de los
rionegrinos”, planteó Santos en LUVER.

El informe sostiene que WhatsApp no puede ser analizado como una pauta publicitaria tradicional. A diferencia de un banner, una placa en redes o una campaña en medios, el mensaje de WhatsApp llega a un
identificador personalísimo: el teléfono. “El Estado no aparece al costado de una página: entra al chat. Entra al bolsillo, a la mesa familiar, a la rutina cotidiana”, señala el documento madre.

En ese marco, 2920 advierte que la documentación oficial informa proveedor, monto, período y cantidad de mensajes, pero no responde las preguntas institucionales más relevantes: de dónde salieron los teléfonos, cuántos números únicos integran la base, qué consentimiento prestaron los ciudadanos, qué organismo administra esos datos, qué proveedor accede o conserva información, qué mecanismo de baja existe y qué auditoría controla la operatoria.

El trabajo también vincula el problema con Río Bot, el canal oficial de atención por WhatsApp del Gobierno provincial. Al iniciar una conversación con el bot, el Estado puede recibir número, nombre visible, horario de interacción, opción elegida y menú consultado. Y esos menús no son neutros: incluyen categorías como Salud y Bienestar, Educación y Empleo, Créditos y Ayudas, Energía en tu hogar, Trámites y Servicios y
Argentina LNG.

Para 2920, ese punto cambia la naturaleza del dato. “El teléfono deja de ser solamente un número. Puede convertirse en un número asociado a una necesidad. Y una base de datos de necesidades no es una planilla:
puede ser un mapa de vulnerabilidades”, advierte la investigación.

El análisis adquiere mayor gravedad en Río Negro por dos condiciones estructurales. La primera es la alta densidad estatal de la provincia. El Indicador de Densidad Estatal de Laboratorio 2920 ubicó a Río Negro
dentro del top 7 nacional de “Estados espesos”, con 84.532 trabajadores registrados en la Administración Pública provincial y una relación de 9.882 empleados estatales por cada $1.000 millones de Producto Bruto
Geográfico. En una provincia donde el Estado es empleador, pagador, contratante, prestador, regulador y puerta de acceso a derechos básicos, los datos estatales pesan mucho más.

La segunda condición es política: Río Negro lleva catorce años gobernada por el mismo espacio. El informe advierte que esa continuidad prolongada vuelve más porosa la frontera entre Estado, gobierno y partido. En ese contexto, una base de datos no es un insumo técnico inocente: puede convertirse en una ventaja potencial para contactar, segmentar, insistir, medir y territorializar digitalmente la comunicación oficial.

El IVI-D mide seis dimensiones: origen de los datos, consentimiento verificable, tercerización y acceso privado, trazabilidad y auditoría, control ciudadano y derecho de baja, y separación entre Estado y partido.
Su primera aplicación preliminar al caso Río Negro/Botview arrojó un resultado de 94 sobre 100, ubicando a la provincia en zona crítica de vulnerabilidad de intimidad digital.

El índice no presume ilegalidad. Mide opacidad verificable. “Si el Gobierno cumple, puede demostrarlo. Si publica la arquitectura de datos, baja el riesgo. Si no lo hace, la vulnerabilidad aumenta”, explicó Santos.

La conclusión de 2920 es que el Estado no debe publicar teléfonos privados, sino la arquitectura de datos: origen, finalidad, consentimiento, organismo responsable, proveedor, medidas de seguridad, trazabilidad, mecanismos de baja y garantías de separación entre bases estatales y partidarias.

“La necesidad ciudadana no puede convertirse en base de datos del poder. La tecnología estatal no puede funcionar como caja negra. No queremos los teléfonos: queremos saber quién los toca”, sintetizó Santos.