Cesanteados por la dictadura

Derechos Humanos rescata la historia escrita por los protagonistas del IPPV

IPPV, foto vieja

La Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro elabora un informe sobre la historia del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, con el fin de aportar información sobre las causales políticas, ideológicas y gremiales que habrían provocado la cesantía de empleados del organismo en la última dictadura cívico militar.

El documento se enmarca en el proceso de tramitación de la “reparación histórica a los trabajadores en esa situación de cesanteados”, establecida en la Ley 5042.

La Secretaría de Derechos Humanos destacó la “función cooperativa” del IPPV, que “a través de la solidaridad, generó vínculos comunitarios en procura de garantizar a los rionegrinos el derecho de acceso a la tierra y la vivienda digna, con un precio justo y en un marco constitucional”.

En ese sentido, se remarcó que por sus objetivos y una función “destinada principalmente a la población de menores recursos económicos, el IPPV no pudo convivir con un gobierno dictatorial que veía como subversiva y peligrosa, para el orden impuesto mediante la fuerza, cualquier agrupación con militancia política e impronta barrial y comunitaria”.

Para dar cuenta de estos objetivos, se ha recopilado y analizado material documental, prensa regional y nacional, así como realizado entrevistas orales en profundidad a quienes fueron cesanteados. Un numeroso grupo de ex empleados del IPPV participó de reuniones y encuentros individuales, y aportaron recortes de diarios, fotografías y vivencias profundas, entre otras cuestiones.

La generosidad manifestada en compartir fragmentos de sus vidas, recuerdos en muchos casos dolorosos, permitió la confección de un documento escrito que, coordinado por Jesús Sura, Vanesa Zalcman y la secretaria de Derechos Humanos, Laura Méndez, será dado a conocer una vez finalizado, “como testimonio de otro de los actos crueles de la última dictadura cívico militar: la cesación laboral por ejercer el derecho a pensar, a expresar libremente las opiniones y a militar, en el convencimiento de que lo público es político”, señalaron desde Derechos Humanos.

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