Transparencia en la Información Pública

daniela agostino, jorge ocampos

El libre acceso a la información pública se enmarca en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y en el derecho de acceso a la información pública derivados de los artículos 1º, 33 y 38 de la Constitución Nacional y de diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos” aseguró Jorge Ocampos al ser consultado por un proyecto de ley que presentó en la Legislatura provincial en el mes de abril pero duerme en las comisiones del Parlamento.

Se trata de una propuesta en la cual Ocampos junto a la legisladora Daniela Agostino, proponen adherir a la ley nacional nº 27275 de “derecho de acceso a la información pública” y derogar la ley B nº 1829 de “derecho de libre acceso a las fuentes de información pública”.

“El pleno ejercicio de este derecho resulta crucial para la vida en democracia pues permite controlar la gestión pública y aumentar la participación ciudadana de una manera más efectiva, al tiempo que abona sobre la transparencia de los actos de gobierno y se constituye en una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción” detalló el presidente de la bancada.

Ocampos recordó que “a nivel nacional hasta el año 2016, la regulación del derecho de acceso a la información pública recaía en el Decreto 1172 /2003, el que de acuerdo a la opinión de muchos expertos en la materia tenía numerosas deficiencias y vacíos que dificultaban la realización de un efectivo control ciudadano sobre qué se hace con los recursos del Estado”.

Destacó que “el 7 de abril de 2016, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley superador con el propósito de avanzar hacia un Estado más transparente y democrático, reduciendo la discrecionalidad del Estado en el manejo de la información pública y fijando objetivos estratégicos para el fortalecimiento de las instituciones”.

Ocampos indicó que “la Ley 27275 fija los plazos dentro de los cuales los funcionarios deben responder a los requerimientos de información, estableciendo la responsabilidad que le cabe a los mismos ante la obstrucción o el suministro incompleto de la información” y agregó “además crea la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, y con el objeto de coordinar las acciones en materia de transparencia entre el Estado Nacional y las provincias crea un CONSEJO FEDERAL PARA LA TRANSPARENCIA”.

“La provincia de Río Negro regula el libre acceso a la información pública a través de la ley nº 1829 del año 1984 y sus modificatorias nº 3441 y 4698, sancionadas en los años 2000 y 2010, respectivamente. Si bien, en su momento la ley marco fue de avanzada, hace de ello 33 años y a la luz de la nueva legislación nacional, es menester su pronta adecuación y actualización” señaló.

El presidente del bloque detalló que “los 40 artículos que componen la ley nacional 27275 dan cuenta de un abordaje mucho más profundo y abarcativo de todos los aspectos que hacen a la regulación de este derecho, con nuevas miradas hacia el resguardo de lo público sin dejar de garantizar los principios de igualdad, accesibilidad, publicidad y transparencia, y además con niveles de precisión de los que nuestra ley B 1829 carece”.

Manifestó Ocampos “creemos que es tiempo de darle a nuestra provincia un nuevo instrumento normativo que le permita garantizar el acceso a la información pública, promoviendo una mayor participación ciudadana y transparencia de la gestión” finalizó el legislador.

Estimados Lectores: la intención es que éste sea un espacio para la opinión, el debate, y la libre expresión. NOTICIAS RÍO NEGRO no tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite. Los comentarios agraviantes pueden quedar ocultos. Aprendamos a comentar con educación. Muchas gracias.