"Se trata de una denuncia y un proceso hecho con malicia y sin fundamento alguno"

luis bardeggia

El hecho en cuestión se refiere a una permuta efectuada en el año 2012 entre el Instituto de la Vivienda y el Municipio de General Roca.

El acto consistió en haber trasferido un lote remanente de tierras al Municipio de General Roca, mientras que este Municipio cedió al IPPV dos lotes de terreno.

El lote entregado a la ciudad de General Roca había sido cedido por ese municipio a favor del IPPV en anteriores administraciones a fin de edificar en el viviendas, obra que se ejecutó de manera parcial, no pudiendo utilizar toda la superficie del terreno.

A su vez el Municipio de Roca transfiere a la provincia lotes para infraestructura de educación.

No es un dato menor que en dicha ocasión existía la urgencia expresada por las autoridades del Ministerio de Educación, de contar con lotes en la ciudad de Roca para la construcción de infraestructura educativa ya que si no, se perdía financiamiento nacional para esos fines. La premura en parte estuvo condicionada por ese aspecto. Y tanto es así que efectivamente, se construyó el Instituto de Formación Docente y fue inaugurado recientemente.

Por otro lado el lote en cuestión había sido usurpado en más de una oportunidad. Existen 36 denuncias acreditadas. Por lo tanto urgía darle una solución a esa situación de conflicto permanente y de tensión social.

En rigor, si analizamos los hechos no surge ningún daño al patrimonio provincial. El IPPV otorga un lote que había sido cedido por el Municipio. A la vez recibe lotes de propiedad del Municipio. Entonces nos preguntamos ¿Donde está el daño? ¿Cual es el hecho reprochable? ¿Haber contribuido a que en la ciudad de General Roca se construyan edificios educativos para los vecinos de toda la provincia?

Forzando al extremo los argumentos, el Juez incorpora en los fundamentos de su decisión, la posterior transferencia del lote por parte del Municipio a una firma privada. El hecho es totalmente ajeno a IPPV. El municipio de Roca, al ser dueño de sus tierras es soberano en sus decisiones y el IPPV  es completamente ajeno a las mismas.

No se puede enrostrar a IPPV una determinación del Consejo Deliberante de la ciudad respecto de una tierra que les pertenece.

Este argumento pone de manifiesto una actitud temeraria. El patrimonio provincial no se ve vulnerado; ni se violentaron normas. El contenido de la denuncia demuestra malicia e ignorancia total de las circunstancias.

Se trata de una permuta entre dos organismos públicos pero el juez lo consideró como permuta ONEROSA propia de agentes privados.

¿Cómo se puede pretender analizar desde el punto de vista estrictamente económico una gestión de estado de esta naturaleza?

La causa se parece mas a un escarmiento que al propósito de buscar la verdad. Cuanto mas impune es el escarmiento, mayor es el efecto aleccionador.

Luis Bardeggia (diputado nacional)

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