Un hombre irá a juicio por golpear a su pareja en Fernández Oro

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la decisión de un juez de Cipolletti que anuló el dictamen favorable de la Fiscalía a favor de un imputado, acusado de violencia de género.

Al hombre le atribuyen haberle propinado varios golpes de puño en el rostro y en la cabeza de su pareja, luego de una discusión que se produjo en la madrugada del 1 de agosto de 2016 en un domicilio de Fernández Oro.

La defensa del imputado solicitó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, pedido que contó con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía “tuvo en cuenta que se trata de un delito cuya pena permite la aplicación del instituto, que el imputado carece de antecedentes penales computables, que la Of.A.Vi. (Oficina de Atención a la Víctima) produjo un informe favorable en relación con el factor de protección personal de la denunciante y que el hecho encuadra en un acto de violencia cruzada. Tuvo en consideración además que resultó un suceso aislado, que ambos cesaron su convivencia y que no ocurrieron nuevos hechos de violencia, ni denunciados ni referidos por la víctima”, dice el fallo del STJ.

El juez de la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti no hizo lugar al beneficio solicitado por la defensa por entender que el dictamen fiscal resultaba nulo “toda vez que carecía de sustento normativo y, en consecuencia, de la debida motivación legal (art. 57 C.P.P.), por cuanto el caso concreto debe ser resuelto a la luz de la Convención de Belém do Pará, aprobada por Ley 24632, que restringe la concesión de beneficios en causas seguidas por hechos de violencia especialmente dirigidos contra la mujer”.

En consecuencia la defensa interpuso un recurso de casación y luego una queja ante el STJ.

Dice el fallo del STJ que convalidó la decisión del juez de Cipolletti:

El magistrado ponderó el informe de la Oficina de Atención a la Víctima mencionado por la Fiscalía “y entendió que no se advertía garantía alguna de que no se reiteraran conductas que pusieran en peligro los intereses tutelados, ya que de las apreciaciones que dieron las profesionales se puede conocer que la víctima presenta tendencia a naturalizar la interacción violenta, lo cual no le permite distinguir indicadores abusivos, como demanda de poder, control, aislamiento y posesión. En este contexto se advierte que, pese a la discrepancia de la Defensa, el magistrado actuante ha desarrollado argumentos correctos para demostrar que el suceso reseñado es un acto encuadrado en la definición de violencia de género, en la medida en que se trata de golpes de un varón adulto a una mujer que al momento del ilícito era su pareja y que produjeron daños en el cuerpo y la salud a la víctima. A ello se agrega que no se ha acreditado ninguna circunstancia que permita presumir que lo vivenciado por la denunciante no volverá a ocurrir. Así, resultan plenamente vigentes y aplicables las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, como así también las consideraciones del fallo “Góngora” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina legal de este Cuerpo, que niegan la posibilidad que en tales condiciones se conceda la suspensión del juicio a prueba. (…) Cabe mencionar además las directivas emanadas de la Procuración General mediante la Instrucción General 1/11 PG y la doctrina legal que, a la luz de la convención citada, obliga a prevenir, investigar y sancionar los hechos de violencia cometidos contra la mujer en razón del género, lo que debería haber tenido como correcta consecuencia la negativa del acusador a la aplicación de criterios de oportunidad y al beneficio en trámite”.

Ante el rechazo de la suspensión de juicio a prueba, el imputado deberá enfrentar la acusación en una audiencia de juicio.

Suspensión de juicio a prueba o probation

La suspensión de juicio a prueba es una vía judicial alternativa al juicio que permite suspender el juzgamiento de un acusado si éste acepta someterse a una serie de pautas de conductas y cargas que le impone el Tribunal, como realizar tareas comunitarias, ofrecer una reparación económica y/o pagar la multa prevista para el delito imputado.

El STJ ya ha ratificado su doctrina en innumerables fallos donde estableció que no podrán solicitar beneficios procesales los imputados en causas por violencia de género.

Estimados Lectores: la intención es que éste sea un espacio para la opinión, el debate, y la libre expresión. NOTICIAS RÍO NEGRO no tiene responsabilidad alguna sobre comentarios de terceros, los mismos son de exclusiva responsabilidad del que los emite. Los comentarios agraviantes pueden quedar ocultos. Aprendamos a comentar con educación. Muchas gracias.