legisladora Carina Pita (FG-FpV)

El oficialismo de Weretilneck y la violencia de género

carina pita

Desde hace años alzamos nuestra voz para frenar la violencia machista que nos violenta a nosotras y a nuestros hijos e hijas. Tal como se expresara luego del primer paro de mujeres del 19 de octubre pasado, debemos estar juntas para construir una sociedad sin machismo y debemos exigir el derecho sobre nuestros cuerpos, la autonomía y el respeto de nuestras decisiones, y lograr de una vez por todas que el Estado garantice el aborto legal, seguro y gratuito.

Debemos plantarnos ante el modelo neoliberal de los gobiernos nacional y provincial que nos arroja a la pobreza, que tiene rostro y cuerpo de mujer; como los expresa el colectivo #niunamenos “el ajuste, el tarifazo, los despidos masivos, el fin de la moratoria previsional para las amas de casa que dedican su vida al cuidado de los otros, el escandaloso achique del Estado, golpean sobre todo a las mujeres, recortan nuestra autonomía, nos dejan más inermes frente a la violencia. Cuando la pobreza aumenta, las primeras perjudicadas somos las mujeres. Cuando el conflicto social se mete dentro de las casas, las más perjudicadas somos las mujeres. El ajuste y la inflación golpean directamente sobre nuestra capacidad de decir Basta.” 

Por eso nos pronunciamos contra el disciplinamiento que tiene presa a Milagro Sala por ser mujer, indígena, pobre y luchadora. Porque es el mismo modelo neoliberal y el mismo gobierno el que pretende deslegitimar a una mujer que ha osado organizar a los sectores populares y conducirlos hacia la realización autónoma de sus derechos.

Combatir la violencia machista requiere de múltiples y complejas respuestas que los estados nacional, provincial y municipal deben dar. En este sentido hay mucho por hacer en nuestra provincia y en mi ciudad, en la cual no se cumplen algunas leyes que establecen por ejemplo, las Comisarías de la Mujer en cada comisaría de la provincia, las Casas Refugio para las mujeres en situación de violencia, además de la modificación y reformulación de toda la normativa al respecto para anclarla en los nuevos paradigmas de los Derechos Humanos que reconoce a todas las personas como sujetos de derechos.

En este contexto social, con un gobierno que ha negado la declaración de la Emergencia en violencia de género, la denuncia que involucra directamente a un legislador del oficialismo, representante del pueblo, por abuso sexual es una situación gravísima que requiere respuestas no solo del legislador en particular alejándose de su cargo y disponiéndose a los requerimientos de la justicia, sino del gobierno y su representante máximo, el gobernador. Para que la investigación se produzca a fondo, para que la justicia esclarezca y determine responsabilidades, para dar protección integral a las víctimas y testigos.

Sólo el avance de la investigación de la justicia, sin ningún tipo de interferencia, determinará qué implicancia política tiene este caso.

 

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