Silvia Horne denunció a Macri

silvia horne

El Jueves 11 de este mes el Gobierno Nacional “firmó” el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 27/2018 que entre sus más de 110 disposiciones, profundiza la avanzada sobre el fondo de garantía de Ansés, habilita los embargos de cuenta sueldo, flexibiliza derechos laborales y desregula todavía más las importaciones en un contexto de déficit fiscal y comercial con endeudamiento sin precedentes.

En ese marco, la diputada nacional Silvia Horne presentó en el día de hoy una denuncia ante el Juzgado Federal de General Roca, contra el Presidente de la Nación y todos sus ministros con la intención de anular el decreto.

¿En qué se sustenta la denuncia?

La denuncia contra el Presidente y sus ministros se sostiene principalmente en una cuestión de forma: el decreto está firmado en la Ciudad de Buenos Aires por Macri, cuando es de público conocimiento que éste se encontraba de vacaciones en Villa La Angostura.

“Se trata de una situación obvia: o el decreto se firmó en Villa La Angostura, es decir que está mal rubricado el lugar donde se dicta la norma, o la firma corresponde a un adulteramiento de la firma presidencial. En ambos casos el documento es nulo” expresó Osvaldo Nahuel, abogado del Movimiento Evita Río Negro.

¿Qué implica este decreto?

Tal como explica la diputada nacional en el escrito presentado en la justicia, se trata prima facie de una nueva violación de las potestades del Congreso Nacional. “Esta ley modifica legislación tributaria y penal, esto corresponde ser tratado por el Poder Legislativo. Nuevamente se están llevando puesta la Constitución Nacional, que en su art. 99 inc. 3 dice claramente que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta. El fundamento sobre el que se cierne el decreto en pugna sostiene que ‘por encontrarse en receso el Honorable Congreso’ amerita la sanción mediante un decreto de necesidad y urgencia, cuando con toda claridad no hay ni necesidad ni urgencia. El avasallamiento institucional que implica no tiene precedentes” aseveró la diputada Horne.

Asimismo explicó que “se trata de una norma que modifica un conjunto amplio y diverso de normas jurídicas, las cuales afectan seriamente a las pymes y a las industrias y favorece nuevamente a los amigos del Presidente: grandes empresarios, importadores, especuladores y corporaciones foráneas”.

Con esta denuncia se busca dejar sin efecto el decreto y poner en cuestionamiento la política establecida de gobernar de espaldas al Congreso Nacional.

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