La imprescindible actuación del Congreso Nacional y la República Declamada

silvina garcia larraburu

Desde hace tiempo la Ciudadanía ha reclamado por la vigencia efectiva de la Constitución Nacional, el funcionamiento regular de las instituciones de la República, la calidad institucional y el desenvolvimiento pleno y autónomo de los tres poderes del Estado.  Fueron demandas sinceras de un gran sector de la ciudadanía, que estuvieron presentes en la valoración del voto.

Frente a esa inequívoca demanda, en los primeros años de la gestión de Cambiemos advertimos signos de alarma, con hechos que contradecían el republicanismo que se declamaba. En cada momento los señalamos, persiguiendo solo la corrección del rumbo y sin extraer rédito político alguno de las advertencias.

Hoy es evidente que esas alarmas anticipaban un estilo de gestión, absolutamente divorciado de las exigencias de un estado constitucional efectivo.  

Una cadena de decretos de necesidad y urgencia, que derogan 6 leyes, 3 decretos leyes y  modifican 30 leyes nacionales, es una prepotente exhibición de desprecio por el Parlamento. Más aún si se acude a viciosas prácticas políticas, tendientes a manejar la Comisión Bicameral que controla, valida o anula esas normas, que debieran ser de excepción.  

Mientras tanto el Congreso es silenciado y evitado, declinando su convocatoria a Extraordinarias.

La gestión pasada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el anticipo de lo que estamos viviendo.  A título de ejemplo, baste recordar que un Juez de la Ciudad declaró inconstitucional un veto del entonces Jefe de Gobierno, actual Presidente de la Nación, destacando que “El uso desmesurado y excesivo de la facultad constitucional de veto, al igual que el de la emisión descontrolada de decretos de necesidad y urgencia, constituyen verdaderas formas de anulación del rol legislativo y consagran modalidades autoritarias de gobierno”.  Esa valoración la hacía porque ese Jefe de Gobierno “Desde el inicio de su gestión el día 9 de diciembre de 2007,… ha vetado nada menos de 115 leyes que habían obtenido la sanción por parte de la Legislatura. Es decir, un promedio de 21 leyes dictadas aprobadas por la Legislatura han sido vetadas por cada año de mandato. En otros términos, más de 2 vetos por mes, si se tiene en cuenta la duración de los períodos legislativos.  Una tasa excesivamente alta si se considera, como ya se señaló, que se trata de una facultad excepcional, que debe ser ejercida con suma prudencia” (Rachid, Maria de la Cruz y otros c/G.C.B.A., expediente 46062, resolución de 10.7.2013).

No es un antecedente menor. Parece confirmarnos que los desvíos que advertíamos no eran errores, sino formas habituales de ejercer el poder.

Pero no es hora de prontuariar irregularidades institucionales.  Ya no es prudente detenerse en el inventario. Es necesario reaccionar frente a los avasallamientos.   No se trata de cuestiones de forma.  Es inadmisible que el Ejecutivo legisle con abuso del decreto de necesidad y urgencia y luego se convalide esa invasión, mediante una comisión amañada. 

También lo es que se avance sobre los intereses de nuestras provincias, que no solo son afectados cuando se legisla sobre sus puertos o sobre sus recursos (como hace uno de los decretos mencionados), sino también cuando se intentan acuerdos internacionales sobre materias que afectaran a las economías regionales (también sin la consulta de las Provincias ni de los órganos respectivos)

La conducta republicana no se evidencia por reacciones histéricas frente a palabras, sino a través de un comportamiento cotidiano de gobierno, ejerciendo las atribuciones en sus estrictos marcos. Nada más ni nada menos.

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