Silvina García Larraburu

La conductas reprochables, la "imagen del País" y el virus off shore

silvina garcia larraburu

Hay situaciones que tienen la elocuencia de la síntesis.  Asistimos hace escasos días a una de ellas: la incomodidad del Ministro de Hacienda en Madrid,  ante el señalamiento público de su inconsistencia de declarar activos en jurisdicciones off shore, y reclamar inversiones para el país.

La incomodidad del funcionario, es lo de menos.  No lo es la inconsistencia y su relación con una imagen de la Nación, que se declama estar cambiando y mejorando.

El mundo off shore es el reino de lo opaco, donde se respira un aire de ilicitud y se convive con flujos y negocios de la corrupción internacional y de las formas tenebrosas del delito organizado.  La trasparencia que es exigible de quienes invisten una función pública, no se satisface con la mera declaración jurada.  Reconocer la tenencia de activos en un ámbito oscuro, nada nos dice que permita descartar las presunciones y sombras que esas jurisdicciones proyectan sobre quienes las eligen.

Hace bastante tiempo se ha venido bastardeando el concepto de transparencia, reduciéndolo a la función física de dejar pasar la luz.   Que un funcionario transparente no es solo enunciar actos, sino explicarlos en toda su dimensión.  Máxime si ellos se cumplieron en un lugar, donde habitualmente se ejercen actividades ilícitas, marginales y sospechosas.

Y si esto es grave, más lo es cifrar el futuro político de nuestra economía en la captura de inversiones, exhibiendo fenomenales guarismos de fuga de divisas y de activos en el exterior, particularmente de quienes dirigen el país.   Es un camino condenado al fracaso.

En tal sentido, creo oportuno explicitar aún más el concepto de idoneidad y subrayar su inconsistencia con el empleo de jurisdicciones off shore.   Más aun, nuestro ordenamiento jurídico es hostil a los actos cumplidos allí, como lo revelan las normas de la Inspección General de Justicia, varios artículos de la reciente reforma impositiva, el decreto 589/2013 y otros dispositivos concordantes.  Resulta incoherente esa hostilidad y funcionarios que radiquen allí partes de su patrimonio.   También lo es contratar con personas jurídicas de ese origen, o cuyo capital pertenece a sociedades incorporadas en paraísos fiscales.

Espero que el Congreso Nacional, de inmediato y aprovechando el comienzo del periodo ordinario, recepte una iniciativa en tal sentido y la trate de manera pronta.   No solo la declamada imagen argentina en el exterior lo reclama, sino también la confianza que el pueblo debiera poder depositar en sus dirigentes.  El quebrantamiento de ésta suele cultivar la apatía, la desmovilización y el descreimiento en la política, librando el espacio al juego irrestricto de los intereses corporativos.

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