Integración urbana de barrios populares: una conquista y un desafío de los movimientos populares

Tomás Guevara

El miércoles 4 de julio se dio media sanción en la Cámara de Diputados al Proyecto de Ley “Régimen de Integración Urbana y Regularización de Barrios Populares”, con el voto unánime de los diputados presentes, lo que evidencia un consenso histórico en torno a esta problemática del hábitat popular.

Este proyecto declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles en los que se asientan más de 4.000 barrios donde viven en condiciones de precariedad más de 800.000 hogares y 3.500.000 personas. El 60% de los terrenos donde se asientan esos barrios pertenecen a propietarios privados. La totalidad de los inmuebles involucra una superficie que es casi el doble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este proyecto encomienda la implementación de proyectos de integración socio urbana y la promoción de acciones para facilitar el acceso a los servicios públicos básicos de esta población. Asimismo, suspende por dos años los desalojos en estos barrios, garantizando la permanencia en el lugar. En Río Negro, este proyecto implica la posibilidad de regularizar e integrar 145 barrios, donde viven más de 15 mil hogares: Mocciola en Bariloche (480 hogares), 30 de marzo en Viedma (200 hogares), y Chacramonte en Roca (550 hogares), por sólo nombrar algunos casos.

Esta ley constituye un paso fundamental en la política de integración urbana que vienen impulsando los movimientos populares, liderados por la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, desde que en 2016 se empezaron los primeros relevamientos y en 2017 se empezaron a entregar los Certificados de Vivienda Familiar. Constituye además un hito en la lucha histórica de estos barrios. La problemática del hábitat informal es de larga data en nuestro país, desde al menos la aparición de los inquilinatos y conventillos de fines del siglo XIX, pasando por las villas de emergencia desde la década de 1930, hasta la proliferación de asentamientos informales desde la década de 1980 y la densificación de las villas en los primeros 2000. Esta problemática expresa las desigualdades en el acceso al suelo y a la vivienda que afecta particularmente a los sectores populares y trabajadores, muchos de los cuáles son a su vez excluidos del mercado laboral, y están condenados a “inventarse el trabajo” en el marco de una economía popular todavía poco visibilizada y menos comprendida desde las políticas públicas.

Hubo otros intentos de estructurar una política de integración urbana a nivel nacional. Se pueden mencionar, entre otros, el Programa Arraigo de 1991 o la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social – Padre Carlos Mugica de 2008. Pero fueron intentos poco articulados y sin continuidad en el tiempo, que no generaron cambios sustanciales.

El proyecto constituye una fuerte apuesta del gobierno en materia de intervención en una problemática social acuciante. Es evidente que median intereses político-electorales en este apoyo. Además, ideológicamente, la regularización dominial no es ajena al menú de políticas neoliberales porque, en definitiva, permite incorporar al mercado tierras que de otra manera están excluidas de la arrolladora lógica de la mercantilización neoliberal. Es la famosa tesis de Hernando de Soto. Pero, sobre todo, este proyecto de ley es una conquista y un desafío para los movimientos populares, que van a tener que redoblar esfuerzos para que esta política no sea instrumentalizada por la Alianza Cambiemos y mantenga su rumbo hacia la integración urbana efectiva y el reconocimiento de derechos, y no derive en otra cosa.

No es este el lugar para hacer una caracterización del gobierno nacional. La mejor prueba de cuál es la relación de los movimientos populares con este gobierno son las ciento de manifestaciones, ollas populares, ocupaciones y otras formas de protesta, que se han sucedido desde diciembre de 2015 cuando asumió. Así como la Ley de Emergencia Social sancionada en 2016 producto de esta lucha, la creación del Relevamiento Nacional de Barrios Populares también en 2016 y el planteo de la Emergencia Alimentaria desde 2017. Los movimientos populares tienen vocación y legitimidad para representar las demandas de un sector de nuestra población que viene siendo muy golpeado por las políticas antipopulares de Cambiemos, pero que tampoco se había incorporado plenamente a los beneficios del crecimiento económico y creación de empleo de la etapa 2002-2015.

La realidad de la economía popular alberga a un tercio al menos de nuestra fuerza de trabajo y es una realidad que llegó para quedarse en el mediano plazo. El desafío es estructurar y fortalecer ese sector, promoviendo su organización en torno a la reproducción social de una vida digna, y no de la acumulación de capital. La integración urbana de los barrios populares es parte de este inmenso desafío. O inventamos o erramos.

Tomás Guevara
Investigador Asistente CONICET / CIETES-UNRN
Militante de la CTEP

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