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Avalan la regulación del ejercicio profesional de la kinesiología

comisión asuntos sociales

La comisión de Asuntos Sociales dio dictamen favorable al proyecto de ley que busca regular el ejercicio profesional de la kinesiología.

Presidida por la legisladora Marta Milesi, la Comisión de Asuntos Sociales escuchó los argumentos de los profesionales que se hicieron presentes y que impulsan la iniciativa. Pablo Pierantoni fue el encargado de presentar el proyecto ante los legisladores, y de explicar la importancia que implica reglamentar y regular el ejercicio de la kinesiología en la provincia de Río Negro.

En este sentido, Pierantoni destacó que "el objetivo es reglamentar la actividad física, kinesiología y fisiatría en la provincia. No es una ley de colegiación, sino que dictamina quiénes son los habilitados para ejercer, los títulos equivalentes, cuáles son las incumbencias profesionales de los kinesiólogos, es decir, quépuede hacer y qué no, resguardando la salud de la población que tiene el derecho de ser tratada por una persona competente”.

La profesión podrá ser ejercida por aquellas personas que posean título habilitante de kinesiólogo, fisioterapeutas, terapista físico, licenciado en Kinesiología, doctor en Kinesiología y/o Fisioterapia, o título equivalente otorgado por Universidad Nacional, Provincial, Regional o Privada habilitada por el Estado. En el caso de los títulos otorgados por universidades extranjeras, deberán revalidarse ante la Autoridad de Aplicación.

La iniciativa prevé como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud que será el encargado de otorgar las matriculas profesionales, de acuerdo a la legislación y normativas vigentes.

En otro orden, la comisión le dio dictamen favorable a la iniciativa impulsada por el legislador Mario Sabbatella, que busca prorrogar a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2017, todos los plazos procesales establecidos por el artículo 1º de la ley P nº 4160 “Régimen Excepcional de Protección de la Vivienda Única de Residencia Permanente”.

En este sentido, el proyecto promueve que sea de aplicación de oficio por parte de los jueces, sin necesidad de requerimiento previo por parte del deudor, a los efectos de evitar que se produzcan situaciones de suma injusticia respecto de personas propietarias de vivienda única de residencia familiar, que por alguna razón desconocen los alcances de esta legislación, y en virtud de ello, no oponen su vigencia en las causas judiciales correspondientes en tiempo oportuno, y así padecen la pérdida de sus viviendas, sin contemplaciones de ningún tipo.

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