Para alcanzar el índice inflacionario SITRAJUR pide que los jueces resignen su incremento salarial

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A pocos días de finalizar el año, los gremios de Río Negro continúan en tratativas con las patronales para cerrar los acuerdos salariales acordes al proceso inflacionario 2018 que, según datos oficiales se acercará al 50 por ciento. Es el caso de SITRAJUR que esta semana mantuvo un encuentro de paritaria y, entre otras cuestiones solicitó la redistribución de los recursos: que los jueces resignen el aumento salarial y ese porcentaje se distribuya a los salarios más bajos. Adriana Saber, Secretaria de Prensa del gremio, dialogó con FM De la Costa y se refirió a las negociaciones por un incremento del 18 por ciento, aplicado al mes de diciembre.

En el medio radial, Saber confirmó que la reunión de paritaria se concretó al inicio de esta semana, en la Secretaría de Trabajo y que, “desde la gremial se requirió una recomposición salarial a partir del 1 de diciembre que equipare, al menos, el proceso inflacionario que atravesamos los asalariados que es aproximadamente, según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia, para los últimos meses de 49,6 por ciento”.

“Entendemos que esta recomposición tiene que ser con carácter de urgente y redistributiva, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y que ese deterioro impacta en los salarios más bajos”, argumentó la referente gremial.

Del mismo modo, refirió que de concretarse la medida, “significaría que el Superior Tribunal en vez de dar a todos el mismo porcentaje, incluidos a ellos porque también utilizan nuestra paritaria para aumentarse los sueldos, que resignen alguno, o todos, los puntos para darle a las categorías que menos ganan”.

“Se trata de un reclamo que viene de antaño y recién en 2013 logramos tener un aumento diferenciado, pero después ninguno de los otros jueves quiso hacer una redistribución de los recursos y nosotros seguimos intentándolo”, enfatizó.

Por otra parte, Saber comentó que “en la paritaria se adjuntó un informe realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, que hicimos nosotros y la Universidad de Río Negro, donde consta que el valor real de una canasta básica total de alimentos alcanza la suma de 45.271 pesos para una familia tipo de cuatro personas”.

Asimismo, detalló que proporcionaron información complementaria respecto a la pérdida del poder adquisitivo en términos nominales y comparativos “que evidencia en verdadero deterioro de los salarios”.

En ese contexto, precisó la referente gremial: “La paritaria se comprometió a analizar toda esa documentación la presentará al superior Tribunal de Justicia y van a dar una respuesta el martes 11 a las 9 horas en la Secretaría de Trabajo”.

Cabe señalar que el aumento para el sector, en lo que va del año, fue del 32 por ciento.

“Estamos lejos del 49 por ciento de inflación, casi 18 puntos”, sostuvo Saber, aunque recordó que en otras negociaciones el gremio alcanzó acuerdos que se aplicaron entre diciembre y enero del siguiente año.

No obstante, remarcó: “Pretendemos que sea todo dentro del mes de diciembre, la inflación es clara, a nivel nacional se prevé un 50 por ciento”.

Para finalizar, apuntó al Superior Tribunal de Justicia y expresó: “Tiene que entender que un trabajador ganando 25 mil pesos y pagando 10 de alquiler es imposible que tenga una vida digna. Eso lo tiene que ver y entender. Habrá que resignar y darle un poco  a los que menos ganan”.

Reclamo por irregular distribución de tareas

En otro orden, en el medio radial, Saber comentó que uno de los temas expuestos ante la Secretaría de Trabajo fue la asignación de tareas que les corresponden a los jueces a empleados “que llegan a cumplir 10 horas de trabajo”.

“No está permitido por ley”, puntualizó la referente de SITRAJUR, al tiempo que aseguró que “no podemos deslegitimar una lucha de muchos años, porque de pronto nos vamos a encontrar trabajando de lunes a lunes, 10 horas por día, absolutamente precarizados”.  

En ese marco, la Secretaría de Trabajo concretó inspecciones en el lugar, solicitó información a Recursos Humanos y constató los horarios que realiza la mayoría de los funcionarios de Ley “que trabajan más de 8 horas y las horas extras no las pagan”.

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