Por César Augusto Lerena

Sin depredación y descarte pesquero no habría niños con hambre en la Argentina

pesca

La pesca constituye para la humanidad una fuente importantísima de proteínas, de generación de empleo (unas 100 millones de personas viven de esta actividad) y beneficios económicos; pero, su explotación, debería regularse si se quiere que su contribución al bienestar nutricional, sanitario, económico y social sea sostenible, en acuerdo a lo que la FAO  promueve en su “Código Internacional de Conducta Responsable”, disuadiendo las actividades de buques que depredan el recurso y, teniendo en cuenta, las necesidades de las comunidades pesqueras que requieren de él para su subsistencia, como es el caso de Argentina, donde gran parte del litoral marítimo depende de esta actividad. Es decir, optimizar la explotación, no solo es una cuestión económica, sino una “Responsabilidad Social” inherente al concepto moderno empresario que, además, siendo un recurso del Estado, debiera ser una obligación del concedente y el concesionario, su debida explotación.   
El recurso pesquero y el ámbito marítimo donde se desarrollan las especies son del Estado Nacional y de los Estados Provinciales hasta las 12 millas. Es decir, de todos los argentinos. El Estado da en concesión transitoria la explotación de este recurso natural a las empresas, no para que éstas hagan lo que quieran con él, sino, para llevar adelante un plan de ocupación estratégico del mar argentino; el poblamiento de las ciudades y pueblos portuarios del litoral marítimo; la creación de plantas de transformación industrial de las especies capturadas; la generación del máximo valor agregado a partir de las materias primas básicas; la creación de empleo estable y el fomento de la cultura del trabajo; la promoción de hábitos alimentarios saludables para mejorar la dieta y la salud de la población; la generación de divisas y el bienestar general de la comunidad.
Una administración eficiente no consiste solo en otorgar permisos o cuotas de captura, se inicia con una “decisión asignativa” de recursos escasos a quienes pescan sustentablemente y agregan el máximo valor.
No es una tarea sencilla, administrar racionalmente un recurso renovable, que es agotable sino se lo explota en forma sustentable, es decir, biológicamente sostenible, de manera tal, que se extraiga el mayor volumen de los recursos adultos, asegurando su desarrollo y reproducción a perpetuidad, para que las generaciones venideras puedan seguir obteniendo este valioso recurso económico, social, laboral y alimentario. Esta sustentabilidad, no se circunscribe al mantenimiento del recurso, sino al mejor aprovechamiento de éste para generar alimentos en abundancia, riqueza y empleo sostenido.
El administrador y, el concesionario, tienen la obligación de explotar todo el recurso posible y sostenible, sin alterar el equilibrio biológico, el ecosistema marino y el ambiente marino. Ni más, porque el ecosistema se alteraría y se agotaría el recurso; ni menos, porque se dejarían de extraer recursos generadores de riqueza, empleo y bienestar. Ni contaminando o depredando porque haríamos insustentable el medio y perderíamos ingentes cantidades de proteína del más valioso valor biológico, luego de la leche materna, por sus aminoácidos esenciales y sus grasas insaturadas.
Ya nos hemos referido a lo que la Argentina pierde por la pesca clandestina de buques extranjeros en el mar argentino y su zona adyacente: Un millón de toneladas, valuadas en unos 2.000 millones de dólares anuales, que los buques extranjeros pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y, que, si fuese la Argentina quien hiciese la comercialización final, representarían unos 14 mil millones de dólares a su favor. Podemos imaginarnos con esa cifra, la alimentación equilibrada que podrían recibir todos los niños y ancianos vulnerables de Argentina para terminar con el flagelo del hambre, pero, no nos vamos a referir aquí a esta pérdida lamentable, producto de la incapacidad de los funcionarios de la Cancillería, de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal Pesquero para acordar con los Estados y Empresas que pescan clandestinamente y, a la falta de políticas del conjunto del gobierno para hacerse de esos recursos con empresas nacionales. Ello es posible, pero por falta de decisión política o incapacidad para hacerlo, todo sigue como hace cuarenta años, o, hay una voluntad expresa, de no llevar adelante ningún plan que modifique este estatus. Hablaremos de ello en una próxima ocasión, ya que, en esta oportunidad, mostraremos, cómo al depredar el recurso, no dejar que alcance el estado de madurez, descartar capturas o no explotarlas convenientemente, genera desocupación e impide a los argentinos vulnerables, pobres e indigentes, tener una ración diaria de proteínas de excelente calidad, de modo de asegurar, nuevas generaciones saludables y capaces intelectualmente.
La depredación y el descarte de pescados  
Según la FAO, un 47% de las reservas pesqueras están explotadas en su totalidad; un 15% sobreexplotadas; un 10% agotadas y, un 25% subexplotadas y, el volumen de pescado desperdiciado puede suponer entre el 10% y el 80% de las capturas, en función de la técnica empleada, con un volumen no menor de 7.290.000 toneladas al año en todo el mundo.
En este escenario, el BID en su “Proyecto de Desarrollo Pesquero Sustentable” (2013), informó que en Argentina hay un 20% de descarte y subdeclaración. Ello nos estaría indicando que, desembarcándose en el país unas 800 mil toneladas/año, los buques argentinos tirarían al mar o sub-declararían todos los años, unas 160 mil toneladas de pescados aptos para el consumo humano.
Por su parte, la Auditoría General de la Nación (Res. Nº 17/08, 09/11 y 032/15) manifiesta: «No hay sanción a la pesca incidental de más del 10% de merluza; su Biomasa Reproductiva sigue en estado crítico y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) precisa que los buques no usan mecanismos de selectividad en la pesca de langostino y tiran unas 32 mil toneladas de merluza/año».
En igual sentido, el Informe Técnico Oficial 46/09 del INIDEP indica: «Los partes de pesca (los informes sobre las capturas de las empresas) son inconsistentes, hay sobrepesca, se pescan juveniles, no se declara pesca y los descartes son del 20 al 30%» y, el Informe 32/15 (Santos-Villarino, INIDEP) dice: «se descartan entre 52.000 y 108.000 toneladas de merluza hubssi por año»; es decir, el 41% del total de la merluza desembarcada, aunque aquí, faltarían agregar todas las especies consideradas “no comerciales” que igualmente se descartan una vez que son capturadas. Y el mismo informe continua: «Persiste una mayor presión pesquera sobre el grupo de 2 años (juveniles)», es decir, que además de depredar -porque el inicio de la madurez ocurre a los 2,6 años- se impide el crecimiento de estos ejemplares, que no alcanzan todo su desarrollo y peso y, un mayor volumen de la Biomasa Reproductiva con la consiguiente disminución del stock pescable. Este informe en 2017 indica, que el grupo de edad fue de un promedio de 2,2 años, continuando la depredación y, en la pesca incidental del langostino a un promedio de 1 año, es decir que desde hace unos diez años la captura es sobre los juveniles, en la más absoluta transgresión a la Ley de Pesca 24.922 (Art. 21º inciso o).    
Ya en diciembre del 2018, el Informe 137/18 (Villarino-Tringali-Louge, INIDEP) refiere que el bycatch(captura incidental) de merluza de la flota langostinera, accedió a entre un 38% y 43% dentro del área de veda patagónica y al sur y este de la veda de reproductores, con un 40% de juveniles de menos de 35cm, talla, que ni siquiera lo procesan los fileteros, y sobre datos que resultan solo de la flota observada, que no incluye la flota congeladora y la fresquera de altura de merluza y otras especies.
El alimento diario de tres millones de niños y adolescentes
Con los informes del Banco Interamericano de Desarrollo; los del INIDEP; los de la Auditoría General de la Nación relativos a los descartes de diversa índole (especies no comerciales, pesca incidental, sub-declaración, etc.) y los datos estadísticos de la Subsecretaría de Pesca de la Nación (véase desembarques de langostinos y merluza de Chubut, por ejemplo), más el rendimiento inadecuado en los procesos,  se puede inferir el descarte al mar de unas 300 mil toneladas de pescados anuales, de la mejor calidad y aptitud para el consumo humano y, a todo este brutal descarte al mar de proteínas, habría que agregar los residuos que se descartan al mar sin fabricar harinas en los buques congeladores, otra importantísima fuente de proteína para consumo humano o animal.    
Según la UCA la tasa de pobreza del tercer trimestre del 2018 alcanzó al 33,6%, es decir que hay 13,6 M de pobres en Argentina, de los cuales, hay 6,3 M de niños y adolescentes de hasta 17 años y, 2,47 M indigentes que, con sus ingresos, no alcanzan a cubrir el costo de los alimentos, por lo que debemos estimar, que en el país hay un importantísimo número de niños desnutridos.
Este volumen descartado de pescados, aptos para la alimentación, de ser aprovechados, implementando una política de DESCARTE CERO, ya implementada en la Unión Europea desde enero de 2014 y, que en la Argentina se prohíbe el descarte desde 1998 por el Art. 21º Ley 24.922, se resolvería el hambre de tres millones diarios de niños y adolescentes argentinos. Dar solución a esta cuestión dramática, reduciría el hambre y la pobreza y, cumpliría con el derecho básico a la alimentación reconocido en nuestra Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de (1966).
La FAO y la OMS han dicho: «el alimento no solo tiene que ser inocuo, sino suficiente» y, la insuficiencia se da, en este caso, con motivo de la depredación del recurso, del que viven cientos de miles de trabajadores argentinos y sus familias, radicados en poblaciones donde la posibilidad de sustituir o reconvertir su actividad laboral es remota o imposible. El índice de desocupación en la Argentina es del 9,6% e, implementar un programa de este tipo podría generar unos diez mil nuevos puestos de trabajo en la industria pesquera, contribuyendo a bajar los índices de pobreza. En este sentido, no se puede dejar de valorar que la Pesca es una actividad de mano de obra intensiva, que genera trabajo en regiones inhóspitas del país que, de otro modo, sus poblaciones emigrarían hacia los grandes conglomerados urbanos, que ya sabemos desbordados en todo sentido. Y, nos asombran las migraciones de distintos lugares a Europa, pero los distintos gobiernos nacionales resultan indiferentes a las migraciones internas en busca de oportunidades laborales, dejando atrás, culturas y afectos desgarrantes.   
El “uso social del recurso”, ya previsto en la CONVEMAR, a partir de una disminución drástica de la depredación y contaminación del ambiente marino, adquiere una dimensión superlativa a partir de reducir el hambre y aumentar la generación del empleo.
La eliminación de la depredación y subutilización de los recursos se habrá de lograr con decisión política, administración eficiente y cristalina, pesca selectiva, reducción y blanqueo de la pesca incidental, tecnificación y jerarquización de los controles de capturas y los desembarcos, subastas públicas, compensación y precios de sostén a la captura y desembarco de las especies no comerciales.
Si el gobierno implementa un PROGRAMA DE DESCARTE CERO en la actividad pesquera y recupera las 300 mil toneladas que se descartan anualmente, tres millones de niños y adolescentes podrían cubrir sus necesidades diarias de proteínas de la mejorar calidad biológica los 365 días del año, las que, complementadas con hidratos carbonos complejos (arroz, pastas, vegetales) que habitualmente se incluyen en los planes sociales, pero sin proteínas, les permitían acceder a los requerimientos calóricos diarios y asegurar los argentinos sanos y capaces del futuro.      
Si hipotéticamente recuperásemos, además, la pesca ilegal de Malvinas y del Atlántico Sur, nuestras posibilidades de alimentar a las poblaciones vulnerables de Argentina se triplicarían, terminando con esa vieja e inconducente pregunta: ¿cómo produciendo alimentos para 400 millones de personas no podemos alimentar a los 13,6 millones de pobres e indigentes en nuestro país?   

Cuando el problema de alimentación y nutrición es grave, no se puede seguir apelando a la entrega de bolsones. Por el contrario, es posible llevar adelante un proyecto que cumpla con las obligaciones que tienen los funcionarios de cumplir con la Constitución Nacional de explotar racionalmente los recursos naturales de la Nación y proveer de bienestar y salud a los argentinos.   

Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

4 de marzo de 2019

 

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