M.E. Soria propone crear un área para inquilinos dentro de la de la Defensoría del Pueblo

MARIA EMILIA SORIA

La diputada nacional María Emilia Soria presentó un proyecto de Ley para incorporar dentro del esquema de la Defensoría del Pueblo un área específica para los inquilinos, y a su vez crear una Oficina Nacional de acciones concretas con participación de los sectores involucrados.

La iniciativa fue impulsada por la Unión de Inquilinos de Río Negro y la Federación Nacional de Inquilinos, con el objetivo de poner en agenda el problema habitacional que existe en función de los alquileres de viviendas.

La regulación del vínculo entre inquilinos y locatarios es mínima. Ante la falta de controles y grandes excesos en esta relación contractual donde hay una parte débil y otra parte poderosa, es el Estado quien debe intervenir, a fin de equiparar las fuerzas y que los inquilinos puedan alquilar de manera justa.

Los datos estadísticos en la provincia de Río Negro son preocupantes: el 21% de las familias alquila, el 40,5% del salario se destina al alquiler, el 97% cree que no se realizan controles sobre las inmobiliarias, y el 87% está preocupado por los precios y aumentos. Los inquilinos afrontan aumentos en los contratos que van del 35% al 65%, servicios cada vez más caros, combustibles en alza, alimentos y ropa cada vez más caros, lo que hace insostenible para cualquier familia vivir dignamente.

El año pasado, la Ley Nacional de Alquileres que también apuntaba a resguardar a los inquilinos frente a los excesos a los que muchas veces son sometidos, contaba con media sanción del Senado pero finalmente no obtuvo aprobación definitiva dejando sin respuesta a millones de inquilinos en todo el país.

El área de Inquilinos dentro de la Defensoría del Pueblo tendrá entre sus funciones prestar asesoramiento legal; promover la participación del Estado en la protección de los derechos del inquilino; ofrecer una instancia de conciliación; recibir denuncias; crear y organizar un registro de inquilinos y propietarios de inmuebles que deberá ser actualizado anualmente.

Complementariamente, la Oficina Nacional de los Derechos de los Inquilinos podrá -a partir de datos arrojados por el registro de inquilinos y las necesidades insatisfechas de los inquilinos- elaborar proyectos de ley para ser presentados por el Defensor del Pueblo ante del Congreso de la Nación, así como diseñar e implementar campañas de difusión sobre los derechos de los inquilinos y las herramientas que brinda la ley.

El constante aumento de los precios de los alquileres y la creciente demanda de requisitos para acceder a este servicio, entre otros impedimentos, condicionan el acceso a la tierra y a la vivienda, ya que la mayoría de los inquilinos no alquila porque quiere, sino porque lo necesita. Es por ello que el Estado no puede desentenderse de esta realidad y debe dar respuestas urgentes.

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