Apoyo a la extinción de dominio

daniela agostino, jorge ocampos

Los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino expresaron su beneplácito y apoyo por la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 62/2019, mediante el cual el Gobierno Nacional pone en vigencia el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio que faculta al Estado Nacional a recuperar los bienes provenientes de la corrupción y el narcotráfico.

“La medida crea una 'Procuraduría', en el ámbito del Ministerio Público, con facultades de investigar delitos contra el patrimonio público, narcotráfico y crimen organizado, como así también realizar 
investigaciones de oficio y colaborar en la identificación y localización de bienes provenientes de dichos delitos”, explicó Ocampos.

La extinción de dominio es un término utilizado para referirse a la forma en la que el Estado le quita a una persona los bienes relacionados con un delito. El objetivo de dicha herramienta legal es que se separe la condena penal del destino de los bienes que se hayan logrado a través de los delitos descubiertos. Así, mientras los acusados enfrentan el proceso penal, los bienes pasarían a la Justicia Civil, que podría determinar de manera más rápida si provienen de actividades ilícitas y, en consecuencia, el Estado podría confiscarlos.

El legislador cipoleño recordó que “el Ejecutivo Nacional había intentado impulsar un proyecto de ley con esta iniciativa pero no logró el apoyo requerido por parte del Congreso. La propuesta fue votada en la Cámara de Diputados en junio de 2016, y luego de dos años, el Senado le introdujo modificaciones que desvirtuaban el espíritu de la norma original. Por ello, el proyecto volvió a Diputados para su segunda revisión, con los cambios acordados por la oposición, pero Cambiemos 
rechazó esas modificaciones y el debate se estancó”.

Ocampos agregó: “desde nuestro bloque hemos insistido en su momento para que la iniciativa mencionada fuera aprobada sin modificaciones al texto original” y reiteró: “lo diremos hasta el cansancio: hay en nuestra sociedad un claro estado de indignación respecto al festival al que 
asistimos en los últimos años; de corrupción, lavado de dinero de origen ilegal, crecimiento de las mafias, narcotráfico y del crimen organizado”.

Finalmente el legislador de cambiemos resaltó que “según estimaciones del Gobierno Nacional, serían alrededor de 245 mil millones de pesos en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. Muchos de esos bienes están bajo custodia o son administrados por diferentes organismos del Estado, lo que implica generar costos para el erario público. Por eso, con la medida, campos, casas, vehículos o incluso obras de arte se podrían subastar y destinar a políticas públicas.

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