Imputan a 47 personas: Defensa y Fiscalía avanzan en solución pacífica ante usurpación masiva en Viedma

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En la mañana de hoy, en el auditorio del Poder Judicial, se realizó una audiencia en la que el Fiscal Guillermo Gonzalez Sacco imputó a 47 personas el delito de usurpación. No obstante, el conflicto, que hasta el momento había suscitado innumerables reuniones, tendrá otros avances porque Fiscalía y Defensa propusieron que en el ámbito de la justicia se generen instancias de diálogo con organismos estatales que permitan avanzar en una solución pacífica.

Esta determinación fue acompañada por los abogados de los propietarios de las tierras, quienes adhirieron a lo planteado por la Fiscalía y manifestaron en la instancia prejudicial que no era su intención avanzar en el desalojo.

El Fiscal Gonzalez Sacco intervino en el caso desde que se efectuó la denuncia, los primeros días de enero, manteniendo reuniones con quienes habían ocupado la tierra ubicada a la vera de la Ruta 1, lindante al Prebasural, el barrio Alvarez Guerrero y el predio de la U12. Con ellos recorrió el lugar en diversas oportunidades.

En este sentido, constan en el legajo los informes enviados a las áreas de Desarrollo Social tanto de la provincia como del Municipio, en los que se detalla la composición de cada uno de los 19 grupos familiares que efectivamente residen en esas 10 hectáreas de tierra.

Al no encontrar hasta el momento una salida pacífica del conflicto, hoy 47 personas fueron imputadas en la causa penal ya que el Juez Juan Martin Brussino Kain admitió los cargos formulados por el Fiscal y dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria que se extenderá durante los próximos cuatro meses.

El sustento probatorio en esta instancia se constituye de la denuncia penal efectuada por una de las propietarias de la tierra, el croquis referencial del lugar y diversas actas de constataciones. De esta situación se puso en conocimiento a la Defensora de menores, Patricia Arias.

Cabe recordar que este lote pertenece a familiares de Juan Silva y estuvo en alguna oportunidad ocupado por un club social y deportivo. En octubre de 2016 la Justicia ordenó el desalojo y los propietarios cancelaron las deudas existentes iniciando así negociaciones con un posible comprador que se frustraron en enero por la ocupación.

No obstante, la Fiscalía, la defensa oficial representada por Pedro Vega y Juan José Alvarez Costa y los abogados querellantes coincidieron - y así lo manifestaron ante el Magistrado – en la necesidad de avanzar en nuevas instancias de diálogo con los organismos estatales esta vez en un contexto judicial.

Finalizada la audiencia, Vega y Alvarez Costa mantuvieron una reunión con los ocupantes de la tierra a quienes les explicaron los alcances de la causa penal iniciada y respondieron las distintas inquietudes, especialmente relacionadas con el posible desalojo, el aspecto que mayor preocupación despertó.

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