Cuenca Malvinas y la flagrante pérdida de soberanía sobre nuestros recursos naturales

petroleo, offshore

La soberanía nacional es un concepto despojado de sentido, si las medidas que toma el gobierno nacional siguen siendo funcionales a la injerencia extranjera en nuestro territorio a través de decretos y resoluciones que facilitan desde la compra de grandes extensiones de tierras en zonas de frontera por parte de inversores extranjeros, ejercicios militares con fuerzas extranjeras dentro de nuestros límites y ahora, la adjudicación a empresas británicas de explotaciones petroleras off shore en la Cuenca Malvinas Oeste, a pocos kilómetros de Tierra del Fuego.

Ya es un hecho que las empresas británicas sean las beneficiarias para la exploración de tres cuencas de la plataforma marítima continental argentina en busca de gas y petróleo.

Recientemente, tras el concurso para la exploración de las cuencas, se adjudicaron a través de la Resolución 276 de la Secretaría de Energía, 18 áreas que quedaron en manos de empresas entre las que se cuentan la estadounidense Exxon Mobil, la francesa Total, la británica Tullow, la noruega Equinor, YPF y la holandesa Shell.

A partir de este hecho, se presentaron recursos de amparo para frenar el proceso de adjudicación por el riesgo que significa la exploración por parte de empresas británicas en áreas cercanas a las Islas Malvinas, y también por el peligro ambiental que supone una actividad extractiva de alto riesgo en el mar que podría afectar la industria pesquera y la biodiversidad marina.

Oportunamente, presenté un proyecto de ley con el objetivo de impedir las explotaciones petroleras off shore, entendiendo el alto riesgo que representa esta actividad extractiva en el mar para las actividades económicas como la pesca, el turismo y la conservación de la biodiversidad marina . El impacto ambiental, sanitario y social que tendría un accidente o la simple fuga de hidrocarburos en una plataforma marítima, sería inconmensurable.

 

La pérdida de soberanía que estamos presenciando, tiene su historia. En septiembre del año pasado, Javier Iguacel anticipó en Houston la convocatoria a Concurso Público Internacional para el offshore argentino, la explotación petrolera de la plataforma marina (a solo 100 o 150 km de las Islas Malvinas). Ni en el Decreto 872 ni en la Resolución 65/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía  (portadora del pliego de Bases y Condiciones completo de la Ronda) se ponen límites a las compañías concursantes en cuanto a su país de origen, tanto para los permisos de exploración como para las concesiones de explotación.

Una vez conocido el Decreto 872, desde el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo -Soberanía y Seguridad Jurídica Popular-(OETEC) advirtieron, en primer término, sobre la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales internacionales (CIADI, entre otros) para las 38 áreas incluidas en la licitación; en segundo término, que una de las tres cuencas incluidas en el concurso, la Cuenca Malvinas Oeste, al estar pegada a las Islas Malvinas se constituía automáticamente en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional para la cual la normativa vigente (incluyendo la Resolución 65 de noviembre de 2018) no hacía el más mínimo reparo en ese sentido; y, en tercer término, que esta entrega de los hidrocarburos bajo Mar Argentino obedecía a la urgente necesidad de recaudar dólares frescos para financiar el blindaje fondomonetarista al régimen neoliberal, así como brindar algo más de oxígeno al saqueo nacional por parte del terrorismo financiero y su interminable sangría de capitales. 

Esta medida es el resultado de uno de los acuerdos más entreguistas de la historia Argentina, el Acuerdo Foradori-Duncan de 2016 que denuncié oportunamente. A través de éste se propone “remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo pesca, navegación e hidrocarburos”, con lo que se habilitó el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que venía tomando la Argentina para proteger los recursos naturales frente a la explotación ilegal de nuestra pesca e hidrocarburos por parte de Gran Bretaña.

Estamos presenciando a través de este acuerdo y las nuevas concesiones del petróleo de la plataforma marina argentina, un proceso de entrega sin precedentes de nuestros recursos, y por ende, la flexibilización de toda norma o medida que otrora fuera símbolo de la soberanía política, nacional y territorial. En este contexto de “desmalvinización”, de colonización cultural y subordinación política a las potencias extranjeras, es el pueblo argentino –tristemente- quien tiene mucho que perder.

Magdalena Odarda

Senadora Nacional por Río Negro

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