Por Leandro Berraz (*)

La política también implica la rendición de cuentas

leo berraz

En tiempos de crisis económica, una de las formas que tienen los gobiernos para evitar, si bien parcialmente, el descrédito y la reticencia pública de los ciudadanos es precisamente la de comprender la situación de fragilidad en que posiblemente se encuentre el insoslayable binomio gobernantes/gobernados, teniendo en cuenta asimismo las consecuencias perjudiciales que pueden tener determinadas decisiones tomadas al interior de la corporación política.

Desde el diez de diciembre del año precedente, con el cambio de liderazgo –pero no así de gestión- de la coalición Juntos Somos Río Negro, se comenzaron a delinear los nuevos métodos de trabajo del cuerpo político gobernante. Por supuesto, evidentemente las novedades provendrían fundamentalmente de parte de la nueva encargada de encabezar los principales actos políticos del oficialismo provincial, Arabela Carreras, quien, luego de finalizado el segundo mandato de Alberto Weretilneck, lo sucedió en el cargo institucional más relevante del Poder Ejecutivo.

Las principales particularidades de la gobernadora que han concitado el interés público en los últimos días están relacionadas, in stricto sensu, con su discrecionalidad a la hora de llevar a cabo cambios en materia intracoalicional, así como también con decisiones controvertidas que ponen de relieve la necesidad de considerar permanentemente la transparencia entre el discurso y la acción.

Evidentemente, en el ámbito de la política, lo que parecen nimiedades observadas desde la macrorealidad,de repente pueden leerse en la audiencia pública como asuntos relevantes, puesto que su recepción microsegmentada implica la inexorable conjunción de críticas u opiniones de una sociedad dispuesta a poner en tela de juicio, entre otras cosas, el accionar de sus representantes.

En los últimos días, el diario Río Negro ha publicado una de serie de noticias sobre ciertas decisiones de la actual gobernadora de la provincia, que han llamado la atención y suscitadola crítica vehemente de sus lectores. Inteligir tal patrón lógico no debería ser muy complejo teniendo en cuenta la acumulación y la concatenación de hechos que han estado presentes en la actual discusión pública de masas.

Sucede que la gobernadora ha ejecutado una serie de gastos extraordinarios que, contrapuestos a un contexto de pesar económico en el ámbito nacional, incluido naturalmente el subnacional, en el que rigen aumentos de precios en, por ejemplo, las patentes y/o los alquileres, así como también en otros rubros, son entendidos como una falta de criterio y responsabilidad en el manejo de los recursos, así como también una obscenidad que amplía la brecha entre la élite política y la ciudadanía que, en otras situaciones más felices, por así decir, también se ocupa de respaldarla.

Si bien sería un ejercicio inútil querer disociar a la clase política de la sociedad, dado que los actores políticos provienen de allí mismo, sí es esperable la seriedad y la responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado, así como también la conducta ejemplar de nuestros gobernantes, dado que, precisamente, son los que eventualmente se ocuparán de la organización y coordinación de las políticas públicas que en el mediano y/o largo plazo producirán efectos sobre el estado de situación de la provincia, así como también, justamente, de los ciudadanos que la habitan.

En épocas de crispación de la ciudadanía hacia sus gobernantes, donde la cohesión social sufre una erosión paulatina que debilita globalmente a las democracias, es pertinente recordar la importancia que tiene lo que podríamos entender como la piedra angular de este tipo de régimen de gobierno desde la modernidad en adelante: esto es, la indispensable, aunque cambiante, legitimidad que se les confiere a los gobernantes electospara desempeñarse eventualmente en cargos que impliquen la dificultosa tarea de encargarse de la cosa pública.

De ahí que un aspecto crucial de la soberanía indirecta que ejerce el pueblo en la época contemporánea sea, precisamente, la vigilancia sobre sus representantes, o, en términos o’donnellianos, la exigencia para la rendición de cuentas (Accountability) de aquellos respecto de su accionar político. Que los ciudadanos se expresen en ese sentido es evidentemente el reconocimiento de que la política también implica la rendición de cuentas de parte de nuestros representantes.

(*) Leandro Berraz

Estudiante avanzado de Licenciatura en Ciencias Políticas (Universidad Nacional del Comahue)

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